En los mercados Los Cocos, Los Boqueticos y Municipal de Puerto La Cruz, ayer fue notoria la ausencia de especies marinas como pargo, corocoro, catalana, sierra, sardina, mero, cazón y cojinúa, en su mayoría provenientes de la pesca de arrastre.

Según los expendedores consultados por El Tiempo, la merma se viene presentando desde antes de la Semana Santa, pero creen que las restricciones legales impuestas a la pesca de alta mar han hecho recrudecer la escasez.

Aunque el decreto N° 5.930 publicado en Gaceta Oficial N° 5.877 el 14 de marzo de 2008, que prohíbe realizar pesca industrial de arrastre dentro del mar territorial, entrará en vigencia dentro de un año, el sector se encuentra parcialmente paralizado debido a que los armadores carecen de permisos para operar y de orientación sobre los artes a los cuales deben migrar.

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En un año esperan completar la regulación de precios de todas las especies. La idea del gobierno es eliminar progresivamente la “cadena perversa de la comercialización”.

Según Giménez (presidente del nuevo Instituto Socialista de la Pesca y Acuicultura (Isopesca)), los incrementos sucesivos del rubro, desde los pescadores a los transportistas y luego a los mayoristas y minoristas, terminan trasladando al consumidor un precio 220% mayor que el inicial.

Ese incremento prevén bajarlo a 100% con la intervención del gobierno, a través de la implementación de Unidades de Producción Social (UPS) y redes públicas de distribución directa a consumidores.

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Para el presidente de la Cámara Venezolana de Enlatadores de la Pesca (Cavenpesca), Emilio Abreu, las limitaciones por la prohibición de la pesca de arrastre y la entrega gratuita de parte de la captura afectará directamente a los consumidores.

Este y otros gremios comienzan a reaccionar tras la publicación, en la Gaceta extraordinaria del 14 de marzo, de la nueva Ley de Pesca y Acuicultura.

Tal y como fue publicado por El Tiempo la semana pasada, la nueva legislación contempla, entre otros aspectos, la conformación del instituto socialista del sector; la eliminación de la pesca de arrastre y la contribución solidaria, gratuita y directa al Estado de, al menos, 5% del producto capturado por los pescadores y acuicultores industriales.

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