El presidente ha ordenado la retirada de la Ley y la creación de una Comisión para que la revise y redacte de nuevo ya que ha reconocido que la Ley tiene algunos errores.

Detalló que la equivocación “no es pequeña”, y está relacionada sobre todo con el artículo 16 en el que se exhorta a las personas naturales y jurídicas, o de derecho publico y privado, nacionales y extranjeras, así como a los órganos de la administración pública, a cooperar y suministrar información cuando sea solicitada.

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Marco Aurelio Quiñones, vocero del grupo, expresó que hoy los venezolanos se ven acechados nuevamente por el gobierno por una ley que atenta contra el derecho a la información y que el Ejecutivo sigue tomando decisiones a pesar del No del pasado 2 de diciembre.

Quiñones se preguntó para qué el gobierno cree que es necesaria una Ley de Inteligencia. Inquirió si es acaso para mantener un gobierno autoritario y eliminar la disidencia.

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La directora ejecutiva del Foro Penal Venezolano, Mónica Fernández, anunció que la organización solicitará al Tribunal Supremo de Justicia anular la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, promulgada por el Ejecutivo, tras recalcar que esta normativa viola los principios garantizados por la Constitución.

Fernández indicó que esta norma vulnera la Carta Democrática de la OEA, por lo que aseguró que también elevarán el caso ante los organismos internacionales de derechos humanos.

La directora ejecutiva del Foro Penal Venezolano criticó los amplios poderes que la ley otorga a los cuerpos de inteligencia, los cuales, según advirtió, incluso tendrán la potestad de practicar diligencias sin previamente haber participado a los tribunales.

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